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Ciudad de México, octubre 9  de 2018.- Tras reunirse con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano celebró el anuncio hecho para un programa de inversión de desarrollo económico y social para los municipios ubicados en la franja fronteriza, con una inversión federal de 10 mil millones de pesos durante los 6 años del próximo Gobierno. 
 
En el encuentro participaron los gobernadores de los estados de la frontera norte, donde se hizo el anuncio de este programa sexenal que tiene el propósito de contribuir al desarrollo de los municipios ubicados en la frontera. 

Propone Fondo de Apoyo para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados
Ciudad de México, septiembre 12 de 2018.- La creación de un Fondo de Apoyo para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Repatriados No Acompañados, planteó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en reunión con el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador y Gobernadores de la frontera norte.

Tras el encuentro, que tuvo lugar en la casa de transición del Presidente Electo, la Gobernadora Pavlovich aseguró que sin duda el trabajo coordinado y en equipo traerá grandes beneficios para las y los sonorenses.

Forbes

Los decretos de reserva de agua superficial aprobados en junio pasado no significan la privatización de las reservas de agua del país, pero abren la puerta para que se otorguen concesiones a empresas privadas de forma poco transparente.

La suerte de estos mandatos, señalados por organizaciones sociales como “privatización”, quedó echada el pasado 1 de julio, cuando el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ganó las elecciones presidenciales. AMLO criticó la medida y, ya como candidato ganador, incluyó en su agenda el plan de “revertir el decreto de privatización del agua”.

Aún no está claro qué regulación implantará su gobierno en sustitución de los decretos, pero tiene un par de alternativas, dicen los expertos; una mejor que la otra. Puede optar por cambiar la Constitución para empujar a las empresas mineras o de fracking (que perforan el suelo rocoso para la obtención de gas natural) a usar aguas tratadas o marinas para sus procesos extractivos en lugar de agua potable. O puede decidir volver a la regulación aún vigente, previa a los decretos, pero esto significaría el regreso a una opacidad todavía mayor.

El uso del líquido todavía se rige por la Ley de Aguas de 1992, que establece una prelación de uso, es decir, que está disponible para todos en concesión, pero en un orden de prioridad: primero las comunidades, luego la agricultura y después la industria.

 

Antes de esa ley, la regulación era aún más laxa. Había cuencas vedadas y cuencas disponibles, pero en ambos casos se desconocía la cantidad de agua existente y, por ello, algunas de las cuencas disponibles se sobreconcesionaron.

Hace 10 años, Conagua condujo estudios que arrojaron que había abundancia de agua en 295 de las 757 cuencas del país que permanecían sin regular. Los 10 decretos firmados el 5 junio protegen una proporción del agua de esos ríos (80% en promedio), lo que significa que no puede utilizarse y debe fluir en su cauce para preservar ecosistemas.

En volumen, se reserva un total de 169,913 millones de metros cúbicos y se liberan 1.36 millones para uso urbano y concesiones, explica Roberto Ramírez de la Parra, director general de Conagua. El 84% de las cuencas que tienen reservas en los decretos están en áreas naturales protegidas en Jalisco, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Un ejemplo es la reserva de 93% del agua del río Grijalva, como protección de la Selva Lacandona.

“Los decretos de liberación de veda y establecimiento de reserva de agua permiten el aprovechamiento del agua disponible después de asegurar el volumen para el medioambiente y el consumo humano. El agua restante puede ser pedida por cualquier usuario con una solicitud de concesión de agua. Es un mecanismo que ha existido y funcionado desde hace muchos años”, explica José Sarukhán, titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Agua para concesiones

La queja de distintas organizaciones se debe a que, de los casi 300 ríos sujetos a los decretos, 108 tenían veda, y ahora, con el esquema de reserva y concesión, parte de esa agua puede ser asignada en concesiones.

La más crítica fue Agua Para Tod@s, que dijo que Conagua podría ahora hacer concesiones para  que mineras, petroleras y empresas al servicio de algunos municipios accedieran a las cuencas antes que los pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades rurales.

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El director general de Conagua, Ramírez de la Parra, desmintió esta afirmación: “Los privados sólo podrán obtener la concesión si no hay, antes, alguien que la requiera para los usos prioritarios: domésticos, urbanos, pecuarios y agrícolas”.

También para la Conabio, los decretos son positivos: así no se sobreconcesionarán las cuencas, argumentan, pues el límite de disponibilidad media anual está definido por los usos de consumo humano y para el medioambiente, y éstos no pueden ser menores que 50% de una cuenca.

Pero los decretos encierran un riesgo. Nada garantiza que la prelación (u orden de prioridades) se respetará a la hora de otorgar una concesión.

“La medida para nada es una privatización, [pero] nos sumamos a la preocupación de que esto se dé bajo un proceso de acaparamiento oscuro que vulnere a la población y a los ecosistemas”, acepta Eugenio Barrios, director del programa Agua, de la organización conservacionista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). El WWF fue el principal asesor de Conagua en la elaboración de decretos para que la gestión diera prioridad al medioambiente y cumpliera con estándares internacionales.

Ese riesgo anima a las organizaciones que se oponen a los decretos a sugerir que se vuelva al esquema previo, pero Barrios difiere: Las vedas fueron establecidas como prohibiciones temporales y, al menos en el papel, no permitían que nadie, ni las comunidades indígenas, la tomaran de los ríos.

¿Cambiar la Constitución?

Las empresas extractivas podrían usar, en sus procesos, aguas residuales o de mar, en lugar de agua de las cuencas, señala Barrios, pero ello implica un aumento de costos. Y no lo harán, en tanto no se modifique la Constitución, que concede a todos el derecho al agua fluvial.

Por mandato constitucional, Conagua tiene que autorizar la concesión a una empresa, siempre que haya disponibilidad del líquido, con la única condición de que se respete el orden de prioridad que dicta la ley (ver tabla). Eso significa que no puede calificar si el uso que el concesionario le da es adecuado o no, explica el especialista del WWF.

En un foro de expertos, en febrero, se concluyó que liberar agua para concesiones podría ser riesgoso en casos como los de los ríos San Fernando y Pánuco, que corren por Tamaulipas, y el río Coatzacoalcos (Veracruz y Oaxaca), porque coincide con zonas donde hay actividades de fracking, que es la perforación del suelo rocoso para la obtención de gas natural, o que tienen ese potencial.

Las cuencas del Pánuco y Coatzacoalcos no contaban con veda antes de los decretos, así que cualquier empresa podía pedir una concesión para aprovechar el agua que necesitara, explica Barrios. Con los decretos, la mitad de esas cuencas quedan reservadas para uso ambiental, así que una empresa interesada tiene que hacer fila, porque hay otros usos que tienen prioridad, excepto que se valga de medios no lícitos para obtener la concesión.

El nuevo gobierno también debe tomar en cuenta la agenda internacional, que compromete a los gobiernos a proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos bosques, montañas, humedales, ríos, acuíferos y lagos. “Deben considerar que los decretos de reserva de agua se establecieron por una serie de compromisos adquiridos como parte de la agenda internacional de objetivos para el desarrollo y combate al cambio climático de la ONU”, señala Barrios.

Tanto los decretos como el acceso de la industria al agua potable pueden modificarse, pero el camino a tomar en este tema es, para el nuevo gobierno federal, uno de sus primeros desafíos: echar abajo los decretos implica eliminar una protección de las cuencas que antes no existía, y cambiar la Constitución implica pagar un costo político.

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¿Cuáles son los usos para Los que se puede dar una concesión de agua?

  1. Doméstico
  2. Público urbano
  3. Pecuario
  4. Agrícola
  5. Acuacultura
  6. Usos para la conservación ecológica o uso ambiental
  7. Generación de energía eléctrica para servicio público
  8. Industrial
  9. Generación de energía eléctrica para servicio privado
  10. Lavado y entarquinamiento de terrenos
  11. Usos para turismo, recreación y fines terapéuticos
  12. Uso múltiple
  13. Otros

En orden de prioridad (Fuente: Ley de Aguas Nacionales)

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La regulación del agua a través del tiempo

Ley de Aguas Nacionales (1910). Establece permisos ejidales y boletas como documentos que dan permiso para el aprovechamiento del agua.

Artículo 27 constitucional (1917). Establece la concesión como mecanismo para uso y aprovechamiento de los bienes nacionales, incluidas las aguas nacionales.

Régimen Concesional (21 de abril de 1945). Establece los lineamientos, condiciones y limitantes para el aprovechamiento del agua.

Ley de Aguas Nacionales (1992). Las concesiones se vuelven la única figura jurídica para el aprovechamiento de las aguas nacionales. Se establece la prelación de usos.

Fuente: Conagua

 
 
 

Benito Juárez, Quintana Roo a 10 de Septiembre del 2018. -En el marco del Primer Congreso Nacional “Retos y Perspectivas del Combate a la Corrupción desde el ámbito penal” con sede en Quintana Roo y con la presencia de diecisiete Fiscales Anticorrupción, se firmó ante notario público, la creación de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción.

La Convención tiene por objeto establecer, impulsar y difundir programas dirigidos al fortalecimiento de la prevención, investigación y detección de delitos por hechos de corrupción, así como proponer políticas públicas en la materia.

Boletín del Senado

El Pleno del Senado de la República aprobó con 82 votos a favor, 31 en contra y cuatro abstenciones, una nueva solicitud de licencia al senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del PVEM, para separarse temporalmente de sus funciones legislativas, a partir del 4 de septiembre de 2018.

La Asamblea autorizó incorporar a la Orden del Día de la Sesión, el acuerdo remitido por la Junta de Coordinación Política, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, para dar oportunidad de trámite a la nueva solicitud de licencia.

El Presidente de la Mesa Directiva, senador Martí Batres Guadarrama, subrayó que la Jucopo realizó dicha solicitud, con fundamento en el artículo 75 del Reglamento del Senado que señala: “Durante el desarrollo de la Sesión, se pueden agregar en el Orden del Día otros asuntos, a solicitud de la Junta o de algún Grupo Parlamentario, si el Pleno lo aprueba por mayoría absoluta de votos de los asistentes”.

 
 

En el documento Criterios Generales de Política Económica (CGPE) se debe tener presente que una estimación de ingresos va más allá de lo que es posible, toda vez que a menudo se asocia con pronósticos macroeconómicos y previsiones de ingresos demasiado optimistas, refirió.

El estudio "Derechos Humanos y Pobreza" ofrece un panorama desolador sobre derecho al trabajo, salud, educación, seguridad social, vivienda y alimentación.

 
Por José Beltrán / tomado de internet/   HUFFPOST

                                                                  BERNARDINO HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO
Madres solteras y de la tercera edad venden ropa y juguetes en la colonia Jardín Mangos para poder salir adelante ya que la pobreza es dura, declararon doña Perla, Ines, Esperanza y Leticia, en Acapulco, Guerrero, el 24 de junio de 2018.
 

 Tomado de Internet/ Texto: Evlyn Cervantes Silva / Agencia Reforma

 

Ciudad de México, 13 de agosto de 2018. Morena prevé instalar una Comisión Bicameral de Disciplina Financiera en el Congreso de la Unión para revisar el endeudamiento de las administraciones locales y detener los abusos de los gobernadores.

El senador Mario Delgado Carrillo anunció que Morena utilizará su mayoría en los Congresos federal y 19 locales para detener el exceso de endeudamiento que han tenido los estados en los últimos años, garantizar que el dinero de la deuda se destine a proyectos de impacto social y garantizar un manejo responsable de los recursos públicos.

La ruta del tren recorrerá cinco estados del sur de la República mexicana: Tabasco, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, siendo esta la entidad en que se concentre la mayor parte de la infraestructura.

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, informó que el proyecto del Tren Maya será más grande de lo que se había planteado. Además, estiman que inicie operaciones en 2022.

La ruta del tren recorrerá cinco estados del sur de la República mexicana: Tabasco, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, siendo esta la entidad en que se concentre la mayor parte de la infraestructura.

En conferencia de prensa, López Obrador aseguró que de acuerdo con los cálculos de su equipo, el desarrollo del Tren Maya costará "entre 100 mil y 120 mil millones de pesos". Parte de su financiamiento se basará en la recaudación de impuestos al turismo, cifra que ronda los 7 mil millones de pesos por año, el resto tendrá que ver con la participación de capital privado.

"Así, se estará en condiciones de lanzar la convocatoria desde el próximo 1 de diciembre. Es una obra importante porque se va a comunicar una de las regiones de mayor importancia cultural en el mundo".

A propósito de la ruta, un despacho informó para Associated Press, que su cimentación podría afectar reservas naturales, zonas arqueológicas y ríos."La construcción podría demorarse años y absorber los escasos fondos para llegar lugares como las ruinas de Calakmul, que ahora recibe apenas 35 mil visitantes anuales, los mismos que llegan a sitios más populares como Chichen Itzá en una semana.

¿Y el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México?

Además de hablar sobre el Tren Maya, López Obrador, confirmó este lunes que someterá a consulta popular el destino del millonario proyecto de un nuevo aeropuerto para Ciudad de México.

"Se va a someter a una consulta para que el pueblo, el soberano, sea el que decida sobre este asunto y sobre todos los asuntos que tengan que ver con el interés público", declaró el presidente electo en conferencia de prensa.

Se calcula que el proyecto diseñado, entre otros por el célebre arquitecto británico Norman Foster, cueste 13 mil 000 millones de dólares.

Esta declaración se suma a la sostenida la semana pasada, en la que el tabasqueño prometió que se tomará en cuenta la opinión de asociaciones de ingenieros mexicanos para definir si continuaba con la obra.

"El método puede ser uno u otro, puede ser encuesta (...) y el otro método puede ser el instalar mesas para recoger la opinión de los ciudadanos, pero sí vinculatoria (sic), es decir lo que resulte de la consulta es lo que va a llevar a cabo", detalló.